Los golpes lluéven sobre el Polisario, que, pocos días después del réves de Suecia, es de nuevo señalado por la Unión Europea cuya jefa de diplomacia Federica Mogherini se ha pronunciado a favor de un censo de población en los campamentos Tinduf, en Argelia.

Mogherini expresó este requisito de la UE, el jueves, 21 de enero ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo. Todavía era cuestión del desvio masivo de la ayuda humanitaria internacional destinada a las poblaciones en los campamentos de Tinduf.

Es la OLAF, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la UE que había puesto de manifiesto en febreo de 2015 de febrero, de todo un sistema ideado por dignatarios del Polisario y sus cómplices argelinos. El dispositivo era para desviar una parte importante de la ayuda que la UE consagra 10 millones de € al año.

La OLAF ha llevado a cabo su investigación y encontró que una parte significativa de la ayuda humanitaria fue objeto de desvío sistemático de los cargamentos que llegan al puerto argelino de Orán. Los lotes que tenían el mayor valor fueron desviados para ser vendidos en los mercados de Mauritania, Malí y hasta en Argelia. Y, por supuesto, el resultado de este robo iba a engrosar las cuentas bancarias de algunos responsables del Frente respaldados por Argelia que lucha por la independencia del Sáhara Occidental, la región del sur de Marruecos.

Todo este tinglado que duró años, ha conmocionado a la opinión pública y los parlamentarios europeos, y los empujó a exigir la rendición de cuentas en Bruselas exigiendo al ejecutivo de la UE a tomar medidas concretas. Es en el contexto de estas presiones que Federica Mogherini se declaró a favor de un censo de población de los campamentos saharauis en Tinduf.

Pero para Argelia como para el Polisario, la cuestión del censo en los campamentos es muy sensible, ya que puede tocar el fondo de comercio que representan estos campamentos precarios. El mantenimiento de estos campamentos en una zona desértica durante 40 años no sólo es una fuente considerable de ingresos provenientes de la ayuda humanitaria internacional, sino también un subterfugio imparable para perpetuar el caso del Sáhara Occidental, que sigue envenenando las relaciones entre Argelia y Marruecos.