La justicia española mantiene su enjuiciamiento por genocidio contra el Polisario

juge-pabloLa audiencia nacional, la màs alta corte penal de España, ha reanudado la vista de las nuevas denunciantes contra los dirigentes del Polisario acusados de genocidio y de graves violaciónes de los derechos humanos, a pesar de las presiones de las asociaciones españolas reclamando la suspensión de dichos procedimientos.
El jefe del Polisario, Mohamed Abdelaziz dijo a sus allegados, su profunda decepción y su gran amargura, tras el fracaso de las asociaciones pro-Polisario españolas para cancelar la causa abierta contra los dirigentes de la RASD.
Los dirigentes del Polisario estaban contentos después de la presentación, el 23 de enero, por el Partido Popular español (PP- en el poder) de un proyecto de ley en el Parlamento, sobre la revisión del principio de «jurisdicción universal». Pero el proyecto tal como adoptado, se ha contentado de limitar la competencia de los jueces sólo a crímenes masivos (genocidio y crímenes contra la humanidad), implicando al menos un acusado de nacionalidad española o residente en España.
Pero resulta que entre los denunciantes contra los dirigentes del Polisario se incluye a saharauis que tienen la nacionalidad española o residentes en España y que de hecho tienen derecho de apelar a la justicia universal.
Así, el pasado lunes, tres nuevos testigos, las víctimas de las atrocidades y graves violaciónes de los derechos humanos cometidos por los carceleros del Polisario se escucharon ante la Audiencia Nacional española.
Las tres víctimas pudieron desvelar ante el juez Pablo Ruz, testimonios de tortura y malos tratos que sufrieron durante años de detención en la prisión de Errachid (sur de Argelia).
Los tres testigos Mohamed El Kabch Nafee, El Kharchi Lahbib y Chouiaar Mohamed Mouloud, han igualmente sido sometidos por orden del juez, a un examen médico que reveló los efectos de la tortura aún visibles en sus cuerpos.
Afirman que han sido encarcelados sin juicio durante  respectivamente, 15,17 y 13 años, entre 1977 y 1994.
Las tres víctimas dijeron que habían entregado al juez los nombres de varios detenidos que han muerto bajo la tortura en las cárceles del Polisario, y los nombres de los autores de estos horribles crímenes y de peores prácticas degradantes e inhumanas.

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